Desde el 1 de enero de 2025, España no cumple con la Directiva (UE) 2020/285, que obliga a los Estados miembros a eximir del pago del IVA (IVA) a las pequeñas empresas. Se trata de la introducción del llamado “IVA franquiciado”, que permitiría a los autónomos y a las pymes con una facturación anual de hasta 85.000 euros no incluir el IVA en sus facturas y, por tanto, no ingresarlo en Hacienda ni aplicar deducciones.
Según la asociación ATA, esta medida podría beneficiar hasta a medio millón de autónomos en España. La exención pretende reducir drásticamente la carga burocrática y aliviar los problemas de liquidez, ya que muchos empresarios se ven obligados a adelantar el IVA de facturas que aún no han sido cobradas por los clientes.
La Comisión Europea ya envió a España una advertencia oficial en julio de este año (junto con Bulgaria, Grecia y Rumanía). Si la directiva no se aplica, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar sanciones económicas.
El Ministerio de Hacienda afirma que tiene intención de aplicar la directiva antes de que termine 2025. No obstante, también estudia fijar un umbral inferior a los 85.000 euros, ante el temor de un aumento del fraude, como el fraccionamiento artificial de empresas para eludir el impuesto.
La reforma está “atascada” porque está estrechamente vinculada a una revisión más amplia y delicada del sistema fiscal de los autónomos, especialmente a la eliminación del sistema de “módulos” (módulos), utilizado por grupos influyentes como los taxistas y transportistas. Los sucesivos gobiernos llevan años posponiendo esta reforma por miedo a las protestas.
Según la asociación ATA, esta medida podría beneficiar hasta a medio millón de autónomos en España. La exención pretende reducir drásticamente la carga burocrática y aliviar los problemas de liquidez, ya que muchos empresarios se ven obligados a adelantar el IVA de facturas que aún no han sido cobradas por los clientes.
La Comisión Europea ya envió a España una advertencia oficial en julio de este año (junto con Bulgaria, Grecia y Rumanía). Si la directiva no se aplica, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar sanciones económicas.
El Ministerio de Hacienda afirma que tiene intención de aplicar la directiva antes de que termine 2025. No obstante, también estudia fijar un umbral inferior a los 85.000 euros, ante el temor de un aumento del fraude, como el fraccionamiento artificial de empresas para eludir el impuesto.
La reforma está “atascada” porque está estrechamente vinculada a una revisión más amplia y delicada del sistema fiscal de los autónomos, especialmente a la eliminación del sistema de “módulos” (módulos), utilizado por grupos influyentes como los taxistas y transportistas. Los sucesivos gobiernos llevan años posponiendo esta reforma por miedo a las protestas.
