El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha presentado un nuevo Real Decreto con el objetivo de enfriar un mercado del alquiler claramente sobrecalentado. La principal sorpresa para los propietarios es el “incentivo fiscal”. Los arrendadores podrán beneficiarse de una bonificación del 100% en el IRPF sobre los ingresos del alquiler si, al renovar el contrato, mantienen el precio y no aplican subidas. La medida busca compensar la inflación mediante ventajas fiscales y no a costa del inquilino.
La segunda medida clave es una ofensiva directa contra el alquiler por habitaciones. Las autoridades han detectado que muchos propietarios están dividiendo las viviendas para esquivar los límites de precios aplicables al alquiler de la vivienda completa y maximizar beneficios. A partir de ahora, la suma de los alquileres de todas las habitaciones no podrá superar el precio de mercado de la vivienda en su conjunto. En las zonas tensionadas, a las habitaciones se les aplicarán los mismos topes de precios que al alquiler convencional.
El tercer frente se abre contra los contratos de alquiler de temporada. Este formato se utiliza con frecuencia de manera fraudulenta para evitar las obligaciones de los arrendamientos de larga duración (5–7 años). El Gobierno introduce criterios estrictos para definir qué se considera realmente “temporal”, así como un sistema de sanciones por encubrir estancias permanentes bajo contratos temporales. Los inversores deberán demostrar la auténtica temporalidad de la residencia de los inquilinos.
La segunda medida clave es una ofensiva directa contra el alquiler por habitaciones. Las autoridades han detectado que muchos propietarios están dividiendo las viviendas para esquivar los límites de precios aplicables al alquiler de la vivienda completa y maximizar beneficios. A partir de ahora, la suma de los alquileres de todas las habitaciones no podrá superar el precio de mercado de la vivienda en su conjunto. En las zonas tensionadas, a las habitaciones se les aplicarán los mismos topes de precios que al alquiler convencional.
El tercer frente se abre contra los contratos de alquiler de temporada. Este formato se utiliza con frecuencia de manera fraudulenta para evitar las obligaciones de los arrendamientos de larga duración (5–7 años). El Gobierno introduce criterios estrictos para definir qué se considera realmente “temporal”, así como un sistema de sanciones por encubrir estancias permanentes bajo contratos temporales. Los inversores deberán demostrar la auténtica temporalidad de la residencia de los inquilinos.
