La UE introduce derechos digitales y nuevas normas para los conductores: ¿qué cambiará en España?
El Parlamento Europeo aprobó el 21 de octubre una directiva que reforma de manera significativa las normas para la obtención y el uso del permiso de conducir en todos los países de la Unión Europea, incluida España. El objetivo es reducir la mortalidad en las carreteras, que en 2024 se cobró casi 20.000 vidas.
1️⃣ Permiso de conducción digital
La principal novedad será la introducción del permiso de conducir digital, disponible en el teléfono móvil. Este formato se convertirá progresivamente en el principal, aunque los conductores seguirán pudiendo solicitar la tarjeta física tradicional. La validez estándar será de 15 años para coches y motocicletas, y de 5 años para camiones y autobuses.
2️⃣ Normas más estrictas para conductores noveles
Los nuevos conductores deberán cumplir un periodo de prueba obligatorio de al menos dos años, con sanciones severas por infracciones (por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol). Además, los jóvenes de 17 años podrán obtener el permiso de categoría B, pero hasta cumplir los 18 solo podrán conducir acompañados por un conductor experimentado.
3️⃣ Exámenes actualizados y controles médicos
Los exámenes incluirán preguntas sobre puntos ciegos, sistemas de asistencia al conductor y riesgos de distracción por el uso del teléfono móvil. Se pondrá especial énfasis en la seguridad de peatones y ciclistas. Al obtener o renovar el permiso, los conductores deberán someterse a un examen médico obligatorio (vista y sistema cardiovascular). Además, las autoridades españolas podrán reducir el periodo de validez de los permisos para mayores de 65 años, a fin de realizar revisiones médicas más frecuentes.
4️⃣ Refuerzo de la aplicación transfronteriza de sanciones
La directiva también refuerza la aplicación transfronteriza de las sanciones. Las decisiones de retirada del permiso por infracciones graves (alcohol, drogas, exceso de velocidad peligroso) adoptadas en un país de la UE serán válidas en todo el territorio comunitario. España y los demás Estados miembros dispondrán de tres años para adaptar su legislación nacional a las nuevas normas.